Escándalos como Odebrecht, Reficar y el desfalco a la salud, entre muchos otros que llenan una lista de vergüenzas, y el saber que ese mal, la corrupción, no cesa, no para y por el contrario, poco o nada se castiga, 1 de cada 4 corruptos paga cárcel , generan un pesimismo, una sensación de que no hay otra posibilidad, una aceptación social resignada, en razón de que no se conoce una forma diferente de gobierno y de que los pocos vistazos de pulcritud en lo público, por una u otra razón, se han perdido en el camino.
En Colombia desde el año 2012, como respuesta al aumento de casos de corrupción, se inició la implementación de un observatorio de transparencia y anticorrupción, para descubrir riesgos y actos de corrupción en la gestión pública, hoy liderado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, presenta una batería de indicadores que busca monitorear ese flagelo, organizados en cinco categorías, este es el escenario del Meta, frente la medición del observatorio en tres categorías:
Desempeño Fiscal: Para el año 2015 el Meta se ubicó en la posición 11, con un 76% de resultado, el indicador conjuga variables como el autofinanciamiento de los gastos de funcionamiento, el respaldo del servicio de la deuda, dependencia financiera de las transferencias de la Nación y las Regalías, generación de recursos propios, magnitud de la inversión y capacidad de ahorro; En relación con otros departamentos se ubicó debajo del Valle(79%), Atlántico(79%) y Sucre(79%), quienes se posicionaron en los primeros lugares, y por encima de territorios como Norte de Santander(75%), Antioquia(71%) y Casanare (70%).
Gobierno Abierto: Este indicador presenta el cumplimiento de las políticas propuestas para detener la corrupción, de forma preventiva y bajo el marco de las Convenciones Interamericana y de Naciones Unidas de Lucha contra la corrupción, el resultado para el departamento, en el informe 2015 – 2016, presenta un puntaje de 88,73 ubicándolo por encima del promedio nacional (69) y colocándolo en el puesto número 1 de la evaluación; Esta medida enlaza valoraciones dadas al Modelo Estándar de Control Interno, la gestión documental bajo la Ley de Archivos, la exposición de información en contratación, competencias y gestión administrativa.
Indicador de Sanciones: Esta medición revela uno de los apartes que socialmente se desconoce; Las penas y sanciones impuestas, originadas por conductas relacionadas con la corrupción, por lo cual la medida se distribuye en tres escenarios Penal, Disciplinarias y Fiscales, el resultado para el Meta presenta lo siguiente:
•En el 2015, solo se presentaron en el Meta 21 sanciones penales, de las 478 generadas a nivel nacional, distribuidas en 7 casos de concusión, 5 de peculado, 4 por celebración indebida de contratos, 3 por cohecho y 2 por prevaricato.
•Frente a las sanciones disciplinarias, el indicador ya cuenta con datos del 2016, donde en el Meta se presentaron 22 sanciones de las 841 sanciones que se emitieron a nivel nacional.
•En el ámbito fiscal, el departamento presento en el 2015 en procesos ordinarios 62 sanciones, por un monto de Seis mil setecientos treinta y siete millones de pesos, y por procesos verbales se emitieron 99 fallos, por una cuantía de Seis mil ochocientos cincuenta y dos millones de pesos.
Indicador Política Pública Integral Anticorrupción: Presenta una batería consolidada de indicadores que buscan medir las acciones estratégicas definidas en el Documento CONPES 167 de 2013 en materia de acceso, prevención, control social, cultura de la legalidad e impunidad.
Indicadores de Transparencia y Anticorrupción: Unifican una batería de indicadores, que buscan complementar las mediciones anteriores, presentan elementos como los procesos de rendición de cuentas, mapas de riesgo y variables como la demanda y oferta de información.
Las dos últimas categorías, por su magnitud requieren de un espacio más amplio para su análisis, pero el objeto del presente escrito es indicar la existencia de elementos de medición del flagelo de la corrupción, el poder medir el mal, nos permite proyectar acciones para contrarrestarlo.
Los anteriores indicadores presentan un escenario, que formulado bajo una metodología concreta merece el mayor respeto, abren la puerta a generar propuestas que permitan un mayor control social frente a la corrupción; Los recursos públicos deben retomar el camino de propender por generar bienestar para todos, pero en Colombia la corrupción le ha costado al país, desde 1991 hasta el 2010, alrededor de 189 billones de pesos , dineros que se han concentrado en unas pocas manos, y que reflejan la realidad de un país desigual, donde el camino fácil, es mirar al otro lado del problema.